Uruguay: Una ley para evitar la extranjerización de la tierra

El presidente de la Comisión Nacional de Fomento Rural (CNFR), Mario Buzzalino, expresó en diálogo con la diaria que la gremial entiende que “es el momento oportuno” para aprobar una ley sobre “la extranjerización de la tierra”, ya que existen iniciativas concretas del Frente Amplio (FA). También destacó que el senador nacionalista Jorge Larrañaga haya planteado, la semana pasada en la Cámara de Senadores, que se trata de uno de los problemas que enfrenta el sector granjero.

“No importa si los compradores son estados o multinacionales: la tenencia de la tierra tiene que ser topeada ahora”, señaló Buzzalino, quien aclara que la concentración y la extranjerización “a veces tienen relación” pero “no son la misma cosa”.

En todo caso, se trata de temas cada vez más recurrentes en las reuniones de la gremial, ya que “estos procesos generan de inmediato la expulsión de productores familiares”, agregó.

Para Buzzalino, el abandono de la producción familiar se debe al aumento del precio de la tierra y los arrendamientos, así como a la presión que “algunos cultivos muy centralizados”, como la forestación y la soja, ejercen “sobre el territorio”. Existen dos empresas forestales que concentran más de 450.000 hectáreas de tierra y “ahora están abandonando la práctica de comprar e iniciando un proceso de asociación con los dueños de la tierra”, firmando contratos a largo plazo para utilizar parte de los predios en forestación, compartiéndolos con el pastoreo y la apicultura, indica. Cada vez que la CNFR tiene reuniones “con autoridades del gobierno”, todos reconocen “la magnitud” del problema y es seguro “que tienen la información suficiente, pero falta que se actúe”. Buzzalino señaló que además de la posición favorable de las autoridades por la regulación, hay “importantes actores políticos”, como el senador Larrañaga, líder de Alianza Nacional, que “manifestó que la extranjerización” es uno de los problemas del sector granjero y que por eso es necesario controlarla, durante la sesión extraordinaria del Senado del 19 de julio. “Esto demuestra que el tema trasciende los partidos políticos y si tenemos un gobierno con mayoría parlamentaria y el apoyo del Partido Nacional, es el momento histórico de legislar en contra de la extranjerización”, señaló.

Según datos de la CNFR, en diciembre de 2011 dos millones y medio de las seis millones de hectáreas productivas que tiene el país estaban en manos de extranjeros. “En la medida en que la regulación se dilate en el tiempo, el problema se va a agravar”, alertó el gremialista.

Falta gente

En cuanto al Impuesto a la Concentración de los Inmuebles Rurales (ICIR) Buzzalino dijo que “siendo la única gremial rural que lo respalda, también somos conscientes de que es un paliativo y no resuelve el tema de la concentración”. “Es importante porque es un avance y una manera de divulgar el tema y su debate”, expresó. Pero hay “empresas con 200.000 hectáreas” que además son beneficiadas “por el régimen de zonas francas” y que deberían “aportar un poco más” que el ICIR. “Con cobrarle un impuestito no arreglamos nada, lo que planteamos no es sacarle plata a nadie sino que la distribución sea más justa, porque desarrollo no es crecimiento económico; desarrollo agropecuario es desarrollo de la gente y no que una empresa se llene de millones de dólares”, añadió Buzzalino.

Uno de los principales problemas del sector es la “pérdida de productores” hasta en rubros tan importantes como la lechería, porque “no pueden competir con las rentas frente al negocio sojero”. Para la CNFR este cultivo que “está en manos” de empresas extranjeras “financiadas con fondos de pensión” podría “dejar de ser negocio” y “las empresas se van a ir a otra parte, y lo que generalmente dejan son problemas para los países”, expresó. Tanto el Instituto Plan Agropecuario como el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria “están trabajando con la hipótesis de qué hacer después de la soja” porque “el paquete tecnológico de este cultivo supone arrasar las especies naturales de pasturas”.

Ellos dos

El grupo Agro del Partido Socialista (PS) elaboró un borrador de proyecto de ley para “prohibir” la compra de tierras por parte de “estados extranjeros o empresas asociadas a estados extranjeros”, con el objetivo de preservar la “soberanía territorial y las reservas de agua”, según el diputado Hermes Toledo, uno de los autores del texto. La prohibición alcanzaría a las empresas o estados que pretendan “adquirir tierras para la explotación agropecuaria o forestal”, pero no incluye otros emprendimientos como los turísticos, de infraestructura, industriales o mineros. Si bien la compra de tierras por parte de estados no se ha extendido en América Latina con excepción de Brasil, existen antecedentes en África, donde países como China, Corea del Sur y Arabia Saudita han adquirido tierras.

El borrador fue entregado a la bancada del FA y ésta lo envió al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca para que emita su opinión. También fue enviado a la CNFR, las Cooperativas Agrarias Federadas, la Asociación Rural del Uruguay y la Federación Rural (FR). El presidente de la FR, Miguel Sanguinetti, dijo que la gremial “no tiene una posición clara” sobre el tema y que este lunes recibirá a Toledo, que fue “especialmente invitado” para conocer la iniciativa.

El otro borrador fue elaborado por una comisión del FA integrada por los senadores Enrique Rubio (Vertiente Artiguista), Ernesto Agazzi (Movimiento de Participación Popular) y el diputado Yerú Pardiñas (PS). Este proyecto busca limitar la cantidad de tierra que puedan comprar empresas extranjeras privadas. El grupo comenzó a funcionar en 2010 a pedido del presidente José Mujica ante el aumento de compra de tierra por parte de este tipo de empresas. El texto del borrador, que sería enviado al Poder Ejecutivo para su estudio, limitaría la compra de tierras que no se realice con fines productivos sustentables para evitar la especulación.

Fuente la Diaria

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